Es casi imposible pensar en una autotransformación sin recursos Por José Luis Coraggio, Rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, para Enlace Semanal El Proyecto de Ley de Presupuesto que está puesto a consideración del Congreso, y que fuera elevado cuando era Ministro de Educación el Dr.Juán Llach, incluyó una propuesta sorpresiva de extraer del presupuesto de todas las universidades un porcentaje que pasaría a conformar un fondo de 341 millones a ser reasignado entre universidades según criterios no bien determinados. Las universidades manifestaron su acuerdo de que se comiencen a incorporar otros criterios en la distribución de recursos que no sean la mera proporción histórica, pero para recursos incrementales, no para redistribuir un presupuesto que las ha llevado al límite de su funcionamiento normal.  Cuáles deben ser esos criterios es algo que aún no está decidido, si bien es de esperar que cada universidad defina qué entiende como criterio racional a partir de cuánto le toque en la próxima distribución. Este cortoplacismo es en parte producto de una política sistemática de poner a las universidades a competir entre sí por fondos concursables y mantenerlas en condiciones de sobreviviencia a la vez que explota la matrícula y se les exige que la atiendan con más calidad y eficiencia. Esto se agrava cuando no sólo no se esperan incrementos de presupuesto sino que estamos bajo la amenaza de un recorte este mismo año, adicional al que ya sufrieron muchas universidades en el 99. La reciente presentación por parte de la Secretaría de Educación Superior de hipótesis para la transformación del sistema de educación superior es interesante, abre un espacio que esperamos se sostenga, de diálogo sobre el futuro, plantea que se vayan realizando experiencias y aprendiendo de ellas, propone una visión del sistema de educación superior universitaria y terciaria, pero no impone un modelo tecnocráticamente. Esperamos que se siga en esa línea. Pero es casi imposible pensar en una autotransformación sin recursos. Todo cambio importante en los sistemas educativos va acompañado de importantes inversiones para sustentar ese cambio. O si se propone reestructurar es a partir de niveles varias veces superiores a los de la inversión educativa en Argentina. Es preciso cambiar las reglas de juego: salir de un juego suma-cero en condiciones de penuria presupuestaria y enmarcar la asignación de recursos públicos con criterios derivados de una estrategia de desarrollo del sistema de educación superior, universitaria y no universitaria, que tenga como objetivo el desarrollo nacional, la integración social, el posicionamiento ventajoso de toda la sociedad frente al conjunto de transformaciones epocales por las que atraviesa el mundo. A mi juicio, tal estrategia requiere no menos sino más investigadores y docentes de calidad, no menos sino más laboratorios, no menos sino más alumnos, no menos sino más presupuesto para la educación y la investigación, no menos sino más responsabilidad por los resultados y la calidad de los procesos de formación e investigación. Es, entonces, un proyecto incluyente y basado en la responsabilidad ante la sociedad, que debe ir acompañado de recursos importantes, que indiquen que la Argentina ha decidido efectivamente participar de la sociedad del conocimiento. No se trata de hacer gestos mediáticos o informáticos en la dirección que se espera, no se trata de discursos, sino de producir hechos contundentes a favor de la educación y la ciencia. Un país que depende de créditos condicionados para financiar un “mejoramiento de la calidad” de la educación, un país que no es capaz de cumplir con la ley que establece el monto de la inversión educativa como proporción del Producto, pero cumple a rajatablas las leyes de responsabilidad fiscal, un país que no es capaz de hacer cumplir las leyes impositivas para invertir en su propio desarrollo es un país a medias, y sus dirigentes son principales responsables de la degradación de las situaciones, voluntades y expectativas de educadores y educandos.